El CAM se propone sesionar dos veces por mes y en horario fijo

El año comenzó oficialmente con una determinación: celebrar sesiones públicas como mínimo durante el primer y el tercer miércoles de cada mes. Siempre en el mismo día. Siempre en el mismo horario de las 17. El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) creado en 2009 volvió así a la regla de trabajo que había seguido durante sus primeros años de vida. Durante los últimos meses, varios consejeros se habían quejado de la falta de previsibilidad, pero ya hacia finales de 2014 el órgano encargado de preseleccionar los jueces adoptó la costumbre de publicitar sus llamados a sesión en la página web institucional (camtucuman.gob.ar). Tal hábito prosiguió esta semana con la difusión de la reunión inaugural de 2015 celebrada antes de ayer.

“Damos apertura al año ‘lectivo’”, bromeó Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y presidenta del CAM, a eso de las 17.20. En la mesa estaban sentados los consejeros Antonio Bustamante, Raúl Martínez Aráoz, Adriana Najar, Graciela Suárez, Federico Romano Norri, Eudoro Albo, Marcela Ruiz, Isabel Nacul, Raquel Asís, Martín Tello y Rolando Granero. Sin más trámite y sin declaraciones alusivas al episodio político-judicial-institucional excluyente del receso, la muerte del fiscal Alberto Nisman, las autoridades procedieron a repasar el estado de los concursos públicos de antecedentes y oposición.

En total hay 16 procesos de selección en trámite, según el informe que leyó la secretaria Sofía Nacul. De ellos, el más delicado y antiguo es el concurso convocado en febrero de 2013 para seleccionar a un vocal de la estratégica Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Nacul comentó que el jurado suplente (Alicia Freidenberg, Analía Castillo de Ayusa y Diego Lammoglia) había aceptado extraoficialmente la tarea de revisar la nota asignada al caso 1 de la prueba de Guillermo Acosta, el juez de Instrucción y postulante que judicializó el concurso. El año pasado, Acosta fue a la Corte y consiguió que esta voltee el puntaje que el jurado titular (Daniel Obligado, Adrián Norberto Martín y Ángel Paliza) había otorgado a la solución de una de las consignas, en la corrección de las pruebas anónimas.

El tribunal suplente tiene un plazo de diez días hábiles para emitir el dictamen contado a partir de la aceptación formal del cometido. En la corrección fulminada, Acosta había obtenido dos puntos sobre los 20 posibles para el caso 1. El aspirante necesita de todas esas unidades para luchar por un lugar en la terna provisoria que integran Juan Carlos Nacul, Gustavo Romagnoli y Enrique Pedicone (la Corte paralizó el trámite en el momento en el que el CAM se disponía a elevar el terceto al Poder Ejecutivo). Pero antes tendría que someterse a una eventual entrevista con los consejeros. Y siempre pende sobre este concurso la amenaza de una nueva intervención judicial.

Sin definiciones

Repasado el inventario de concursos abiertos, Sbdar pidió a los consejeros que reflexionaran sobre el régimen de acceso a los cargos del CAM. El reglamento preceptúa que el personal debe ser elegido por medio de concursos, pero la selección del director (Fernando Ganami) y de la secretaria de la Escuela Judicial (Isabel Rico Velaz) concretada durante 2014 expuso que el órgano carecía del mecanismo reglamentario y que, salvo Nacul, todo el staff había sido nombrado en forma discrecional.

El tema volvió a salir a los pocos minutos, luego de que Rico Velaz reiterase a los consejeros la necesidad de incorporar un programador o diseñador web para poner en marcha la Escuela Judicial on line. Sucede que esta ventana electrónica resulta esencial para abrir el proceso de inscripción de aspirantes a los cursos gratuitos de capacitación para la magistratura. La cuestión urgente planteada por Rico Velaz generó un debate entre los que se inclinaban por salir del paso con una locación de servicios transitoria y los que pedían mayores detalles sobre las incumbencias del cargo. La sesión terminó sin una decisión al respecto.

Según la familia del acusado, es un “perejil” en la causa

Familiares, amigos y vecinos de Roberto Luis Gómez marcharon el viernes a la noche alrededor de la plaza Independencia, reclamando por lo que consideran la injusta detención del joven, que está acusado de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Paulina Lebbos.

“Estamos viviendo una injusticia muy grande. Mi primo no tiene nada que ver con esta causa”, manifestó Elisa Pombo, familiar del acusado que vive en San Andrés, donde ya habían realizado anteriormente varios reclamos por la acusación.

Cuando Gómez fue detenido en noviembre de 2013, había reconocido el número de teléfono cuyo chip supuestamente habían insertado en el teléfono celular de Paulina. Pero el acusado aportó tres modelos de aparatos celulares que no coincidían con el de la víctima.

Además, Gómez explicó que el 25 de febrero de 2006 estuvo en el cumpleaños de su abuela. En esa primera declaración no dijo que había realizado el día siguiente (cuando desapareció Paulina), aunque más adelante agregaría que siguieron con el festejo del cumpleaños familiar. Su abogado defensor, Juan Carlos Nacul, aportó fotos a la causa.

Los familiares del acusado insisten en que presentaron un informe de que había varias líneas de teléfono con el mismo número, lo que desestimaría la prueba con la que contaría el fiscal. “Se descartó, con fundamentos técnicos, la posibilidad de que ello ocurra, al no registrar al mismo tiempo dos chips activos con igual número, tomando antenas distintas y con diferentes grupos de comunicaciones”, consideró Diego López Ávila en el requerimiento de elevación a juicio.

La conclusión del fiscal difiere de lo planteado por el abogado Nacul, quien la semana pasada aseguró que probaron la existencia de varias líneas idénticas. “Hemos demostrado que desde distintas antenas se toman llamadas desde distintos puntos con el mismo número. Más de eso no podemos mostrar. No conoce El Abasto, la única mujer que conoce es su esposa, y lo represento porque soy amigo del padre, que es el electricista de mi auto. No porque proteja a alguien”, explicó el letrado.

Además, el abogado impugnó la acusación por su indeterminación. “Le dice que hicieron no se sabe qué, con no se sabe quién ni en qué lugar”, añadió el defensor.

Acosta sugiere una solución al CAM

Guillermo Acosta dijo sentirse satisfecho con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que confirmó la ignorancia del derecho que había achacado al jurado titular del concurso abierto hace dos años para seleccionar a un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Pero en la nota que envió al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), el juez de Instrucción de Concepción y concursante manifestó que la única manera de terminar bien y pronto el proceso judicializado consistía en encomendar al jurado suplente la revisión de las notas asignadas a todas las pruebas (en lo pertinente al caso 1) y no solamente de la suya, como pretende hacer el CAM para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema.

“Si el órgano debe elegir a los mejores candidatos para la magistratura, no puede hacerlo manteniendo un criterio evaluativo que el alto tribunal consideró errado y tildó de manifiestamente arbitrario. Siempre se dijo que el CAM seleccionaba a los candidatos a ocupar cargos en la Justicia mediante concursos ‘legales, imparciales y transparentes’, pero, hasta ahora, el concurso de la Cámara de Apelaciones está lejos de reunir esos calificativos”, opinó en el texto que remitió a Claudia Sbdar, vocal de la Corte y titular del CAM.

Acosta sugirió un camino que ya había sido propuesto por el consejero-legislador Federico Romano Norri (UCR) a finales del año pasado y que el órgano descartó de inmediato. En su lugar, puso en marcha la decisión de convocar al jurado suplente sólo al efector de una nueva corrección de la primera consigna de la oposición de Acosta. Luego de un intento de modificar el tribunal sustituto original, el CAM envió la prueba en cuestión al jurado integrado por Alicia Freidenberg, Analía Castillo de Ayusa y Diego Lammoglia.

En la corrección fulminada por la Corte, Acosta había obtenido dos puntos sobre los 20 posibles para el caso 1. El aspirante necesita de todas esas unidades para luchar por un lugar en la terna provisoria que integran Juan Carlos Nacul, Gustavo Romagnoli y Enrique Pedicone. Pero antes tendría que someterse a una eventual entrevista con los consejeros. Y siempre pende sobre este concurso la amenaza de una nueva intervención de la Corte, como lo deslizó Acosta en su última nota, al expresar que, de no actuar como aconsejaba, el CAM se exponía a un cuento judicial de nunca acabar.

Juan Carlos Nacul es incuestionable que el código actual no responde a las necesidades del fuero penal

Un brebe escrito de
Juan Carlos Nacul

Resulta una verdad incuestionable que la vigente legislación de forma procesal no responde a las actuales necesidades de un fuero altamente conflictivo, con una notoria saturación cuantitativa, que supera cualquier pretensión estadística o funcional de ofrecer un servicio de justicia en el fuero penal.

Encontramos prioritario garantizar la actuación y participación de la víctima, como también que se cumplan en forma irrestricta los principios y garantías de linaje constitucional estatuidos a favor del sometido al proceso penal.

Por sobre todo, hace falta dar rápida y eficaz respuesta a la conflictividad “delictual” en función de los estándares exigidos por el Derecho Público Internacional, en el sentido de que las cautelares privativas de la libertad o su cese han de ser dirimirse en audiencias orales en consonancia con lo que manda el actual sistema de enjuiciamiento penal, de neto corte acusatorio, contradictorio y adversarial.

La existencia de una sola sala de apelación en materia de instrucción para toda la provincia genera un verdadero colapso. Como este tribunal está atestado de causas, por lo general confirma las resoluciones, lo que, lejos de resolver o morigerar el conflicto, lo agrava de manera sustancial al hacer ilusoria y virtual la regla de la permanencia en libertad durante la tramitación del proceso, e impide que sea la sentencia derivada del juicio oral la que decida sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Obviamente, reformar el proceso penal implicará per se adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial para atender las demandas de estructura edilicia y de nuevos cargos de la magistratura (fiscales, defensores, jueces y camaristas). Resulta imperioso que el nuevo código elimine toda traba en el acceso a la defensa o al proceso, o demoras innecesarias en la tramitación de la investigación penal preparatoria.

Juan Carlos Nacul una alternativa a Alperovich

Antes, el aspirante a juez penal Gustavo Romagnoli era vetado casi automáticamente. Después de soportar callado siete vetos consecutivos, su suerte parece haber mejorado. Esta vez, el gobernador José Alperovich no lo excluyó de entrada y, por ende, aún conserva las expectativas de ser nombrado camarista en función de los movimientos del mandatario, que optó por dejar “para más adelante” la definición de tres propuestas correspondientes a vacantes en los Tribunales penales.

“El año próximo enviaremos los pliegos que quedaron pendientes”, comentó a este diario Marcelo Caponio, secretario de Gobierno y Justicia. El titular del Poder Ejecutivo (PE) tiene desde agosto dos nóminas lideradas por Romagnoli, en este caso para las salas III y V de la Cámara Penal de esta capital. Completan la primera terna los finalistas Néstor Rafael Macoritto (relator del Ministerio Público) y Juan Carlos Nacul. El terceto para la Sala V incluye las postulaciones de Fabián Adolfo Fradejas y de Nacul (acumula cuatro rechazos).

El veto sistemático de Romagnoli estaría vinculado con Susana Trimarco, influyente mamá de María de los Ángeles Verón y enemiga pública del clan de los Ale (Romagnoli es sobrino de Cergio Morfil, ex abogado de esa familia). Fuentes de la Casa de Gobierno aseguran que cada vez más funcionarios “piden” el nombramiento. “Ya es un progreso que no haya sido dejado de lado en el acto”, repiten. Si Alperovich se atiene a la “tradición”, Romagnoli se alzará con un mérito inédito en la historia institucional: haber rendido nueve concursos; haber integrado nueve tercetos y haber sido excluido nueve veces por el mismo mandatario.

El PE ha de nombrar también a la nueva titular de la Fiscalía de la III Nominación de esta ciudad. Todas las candidatas para ese puesto provienen del Poder Judicial: María Raquel Ferreyra Asís (ayudante del defensor en Monteros), María Carolina Ballesteros (defensora oficial en Concepción nombrada por este Gobierno en 2010) y María del Carmen Reuter (secretaria de la Fiscalía de la X Nominación que controla Guillermo Herrera).

Alperovich, que ayer definió cinco ternas para el fuero civil (ver nota en esta misma página), recibirá en el corto plazo una propuesta para llenar la vacante de la Fiscalía en lo Correccional de la I Nominación de esta capital. Los postulantes Ernesto Salas López, Ferreyra Asís y Luis Fernando Morales Lezica integrarán en principio la terna que el Consejo Asesor de la Magistratura ha de elevar al Poder Ejecutivo.

Juan Carlos Nacul ganador provisorio del concurso

Un planteo de Guillermo Acosta, concursante y juez de Instrucción, prosperó por primera vez desde que estalló el conflicto entre el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y ese aspirante a vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El viernes 19 de diciembre, el órgano de selección de jueces desistió de excluir a la académica Ana Lía Castillo de Ayusa del jurado suplente que ha de revisar la calificación del caso 1 de la prueba de Acosta en función del fallo que en octubre emitió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Completan ese tribunal evaluador la jueza Alicia Freidenberg y el abogado Diego Lammoglia.



Después de una discusión donde Claudia Sbdar, presidenta del CAM, pidió a los consejeros que no elevasen la voz, la institución resolvió dejar de lado la pretensión de reemplazar a Castillo de Ayusa por la catedrática foránea Ángela Ledesma, que ya había recibido los antecedentes del caso, según fuentes judiciales. La convocatoria de Ledesma había sido decidida luego de la sentencia del alto tribunal con el argumento de que el reglamento exige que un tercio de los miembros del jurado provenga de otra jurisdicción -esta circunstancia fue advertida por Sbdar en la sesión del 11 de noviembre-.

“El CAM ha procedido a sustituir sin razón alguna que lo justifique a Castillo de Ayusa por Ledesma modificando de ese modo al jurado que había sido designado para este concurso (en septiembre de 2013) con anterioridad a los hechos y vicisitudes sucedidos”, opinó Acosta en la impugnación que presentó a continuación. El postulante expresó que la sentencia dice que la nueva calificación del caso 1 debe ser asignada por el jurado que corresponda según las normas reglamentarias, no por el jurado que los consejeros quieran designar a gusto y paladar. “El organismo carece de facultades para integrar jurados cuando le parezca conveniente, y, menos aún, puede modificar aquellos que ya están constituidos y cuando ya ha sido realizada la prueba que deben evaluar”, añadió. Y dijo que sorprendía el reemplazo intempestivo de Castillo de Ayusa cuando su nombramiento como evaluadora estaba firme, consentido y precluido. “Esto no es prolijo ni serio”, atacó.

La grieta avanza

La vuelta al jurado suplente original (Castillo de Ayusa, Freidenberg y Lammoglia) no fue apoyada por todos los consejeros. Antonio Bustamante, que actuó como abogado del CAM en el juicio que ganó Acosta, era de la idea de rechazar la impugnación y de someter la remodelación del jurado suplente a consideración de la Corte. “Estamos en un proceso de ejecución de sentencia y ese estrado funciona como director”, dijo. El consejero legislador Federico Romano Norri (UCR) expuso nuevamente la necesidad de anular la oposición para todos los aspirantes y no sólo para aquel que judicializó el concurso, alternativa que volvió a ser rechazada pese a que Acosta la había sugerido en la impugnación. El concursante incluso había dicho que Juan Carlos Nacul, ganador provisorio del concurso, compartía ese criterio.

Tras afirmar que la sentencia de la Corte no era clara respecto de qué jurado debía calificar por segunda vez a Acosta, Sbdar expresó que resultaba tan válida la posibilidad de modificar el jurado suplente como de mantenerlo como estaba y que, por ello, se inclinaba por acoger el argumento del postulante. Su moción obtuvo el apoyo de los consejeros Marcela Ruiz, Martín Tello y Adriana Najar. Esta última agregó: “si no tomamos esta decisión, ¿quién querrá ser suplente?”. La marcha atrás supone una segunda fractura significativa del consenso que el CAM sostenía desde 2010-2011: a comienzos de este mes, el órgano se había dividido al momento de designar al director de la Escuela Judicial, cargo que, por voluntad de la mayoría, quedó en poder de Fernando Ganami. En disidencia, el consejero legislador Roberto Sánchez (UCR) votó a favor de Carmen Fontán, la ganadora del concurso.

 Por la proximidad de la feria de verano, el trámite relativo a la nueva calificación de la evaluación de Acosta quedará para el año que viene. La naturaleza única de la Cámara de Apelaciones -un estrado con tres vocales a cargo de revisar las investigaciones penales de toda la provincia-, convierte a este concurso en el más delicado de la breve pero prolífica historia del CAM fundado en 2009. El cargo en proceso de cobertura desde febrero de 2013 quedó vacante por la jubilación de Elva Jiménez, hermana del ministro público Edmundo Jiménez.

La Corte detuvo el concurso cuando el CAM se disponía a elevar al Gobierno la terna formada por Nacul, Gustavo Romagnoli y Enrique Pedicone. El juez Acosta no había reunido el puntaje mínimo para pasar a la entrevista: en el caso 1 de la prueba, que ha de ser corregido de nuevo, logró sólo 2 de los 20 puntos posibles y precisa de todas esas unidades para luchar por el tercer lugar de la terna.